Según el Alcalde del municipio Sucre Licenciado Alfredo Mendoza en Venezuela se está dando una situación muy especial: hay una postura, a lo interno, de rescate a los valores constitucionales y nacionalistas, por parte de los poderes públicos, a excepción del Legislativo que se mantiene en desacato; y persiste un movimiento de derecha extrema que le da oxígeno a la violencia y piensa que avivando esa vía se podrá lograr el tan anhelado cambio político de “¡Maduro vete Ya!”.

Expresó el mandatario municipal que la postura de los Poderes Públicos, desde una perspectiva política, es la más cónsona con la propia Constitución, de acuerdo al TÍTULO IV, Del poder público, Capítulo I, De las Disposiciones Fundamentales, Sección Primera, Disposiciones Generales, expresa, en el Artículo 136, que el Poder Público está constituido por el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. Estos Poderes, ejercidos desde la decisión soberana del pueblo, los cuales articulan una serie de acciones y tareas, para llevar al máximo de cumplimiento los derechos sociales, culturales, familiares, económicos, plasmados para brindarle a la población la mayor suma de felicidad.

Poder Público Nacional, a su vez, se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral, todos actuando como protectores del mandato constitucional y preservando la independencia y toma de decisión autónoma de cada Poder, para que sirva de contrapeso a los potenciales desmanes y vicios que las relaciones humanas tiende hacer florecer cuando hay intereses mezquinos de por medio. Ese mismo Artículo 136, expresa que “…Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”.Según el burgomaestre afirma que ahí está el secreto de este conflicto político que hoy no termina de dilucidarse para darle mayor operatividad y capacidad de respuesta al Ejecutivo para la consolidación de sus políticas públicas para el bien social, hay una actitud descarada de “saboteo” del Poder Legislativo en lo concerniente a la colaboración que debería prestar a los otros Poderes para la consecución de las metas del Plan de la Patria (2013-2019), único documento de trabajo ideológico y legal que orienta y le da sentido al Estado, en su lucha contra la pobreza y la dependencia económica.

¿Qué nos ha dejado esta confrontación de Poderes Nacionales? Un Estado atacado por las redes y mafias del capitalismo neoliberal que piensan que asfixiando la economía nacional estableciendo la guerra económica, alcanzarían debilitar el apoyo popular que tiene la Revolución Bolivariana y con ello propiciar la salida del Poder al liderazgo del Ejecutivo y buscar la forma de llevar a “Miraflores” a uno de estos títeres del Imperio Norteamericano que les permita tomar partido sobre nuestros recursos naturales y propiciar, de nuevo, el plan de privatización y desmembramiento de la soberanía popular en lo que a sus Instituciones más emblemáticas se refiere. El día después del anhelado triunfo de la Derecha Venezolana, es una pesadilla fácil de imaginar: un pueblo olvidado y entregado a las condiciones viles e inhumanas de las leyes del mercado, donde la competencia se impone a través de la trampa y la especulación, y los derechos son minimizados hasta lo más elemental: “se les asegura la vida pero no las condiciones dignas para vivirla”.

De acuerdo al Artículo 137, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su primera versión de 1999, expone que  ese marco constitucional y legal,  define las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen; siendo importante, en el Artículo 138 lo resalta,  que se entienda que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos, como es el caso de la Asamblea Nacional, que llegó con votos democráticos, pero que se ha dado a la tarea de desvirtuar el trabajo parlamentario al grado de usurpar dichas funciones con acciones de demagogia y traición a la Patria, por lo que se exige que vuelva al orden constitucional y se comporten como personalidades que colaboran con el fortalecimiento del Estado y la respuesta que el mismo le toca dar a la sociedad en general.

En ese mismo sentido, el Artículo 139, es concreto en una afirmación: el ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley. La Asamblea Nacional, en su mayoría opositora, le cae como anillo al dedo este articulado, con o sin inmunidad parlamentaria, porque no hay excusa para obrar con mala intención y todo lo hecho bajo la sospecha de que dicho funcionario no cuida la institucionalidad del Estado, debe ser considerado una violación fragante del mandato constitucional. Así mismo, el Estado, en el Artículo 140 lo destaca,  “…responderá patrimonialmente por los daños que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública…” Acá aún es un asunto para que la Sala Constitucional se pronuncie: esos diputados y diputadas en desacato, deberían responder económicamente los daños que causa sus acciones dilatorias e irresponsables, en ese shows montado para justificar su falta de colaboración con el resto de los Poderes.

“En concreto, la crisis de Poderes Públicos Nacionales en Venezuela se circunscribe a un problema de un Poder en desacato, el Legislativo, contra la soberanía y colaboración presente en el resto de los Poderes en la defensa de la Constitución; esto invita a que se active todo el articulado del Título VIII, Capítulo I, donde desde el 333 al 336, hay una correlación fundamentada de acciones que protegen la Constitución y el Estado, del manejo licencioso de quienes buscando prebendas personales, aspiran conquistar el Poder pisoteando la CRBV.

 Estos artículos destaca que la Constitución no perderá vigencia ni por actos de fuerza ni acciones exógenas, como la Carta Democrática de la OEA, que busquen desconocer la libertar e independencia suscrita en la Carta Magna. Así mismo, y esto es una instrucción precisa al Poder Judicial, todos los jueces y juezas están en la responsabilidad de asegurar la integridad de la Constitución a través de sus decisiones y resoluciones, teniendo la autoridad de desconocer leyes que colinden con la realidad del Estado y las posibilidades económicas del propio Estado para responder a necesidades puntuales del colectivo (la demagogia de la Ley se Cesta Ticket para personas con el beneficio del Seguro Social).

También en este conjunto de artículos, el 335 específicamente, le ordena al Tribunal Supremo de Justicia, garantizar la supremacía y efectividad de las normas constitucionales, por lo cual, y a través del órgano adecuado para hacer uso de esa atribución, la Sala Constitucional, el Poder Judicial ha hecho lo propio al ver vulnerado el marco constitucional con acciones que rompen el sentido común y jurídico (como reconocer a unas personas que incurrieron en delito electoral, su legalidad como diputados electos), torciendo los valores esenciales de la democracia y la capacidad de respuesta de los Poderes Públicos en la resolución de problemas y conflictos que atañen a la ciudadanía en la búsqueda por brindarles un espacio y territorio donde tengan acceso a todo cuanto les satisfaga sus necesidades.

La Revolución Bolivariana goza de buena salud, está fuerte, amparada en su Constitución y apoyada en un pueblo que reconoce la lealtad del liderazgo que le Gobierna y el apego al pensamiento del Comandante Eterno Hugo Chávez; Unidad, Batalla y Victoria, ¡VENCEREMOS!