El alcalde revolucionario Alfredo Mendoza, expresó que con el fin de liberar zonas que habían sido ocupadas por grupos delincuenciales vinculadas al secuestro y paramilitarismo, el Estado inició el Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OLP); el operativo se lleva a cabo de manera simultánea en diversos estados del país. En este plan participan efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y estadal, el CICPC, el Sebin, la Guardia Nacional Bolivariana, entre otros; con este despliegue de mayor impacto se busca desmembrar las organizaciones delictivas organizadas y crear un clima de seguridad aceptable, desde donde los ciudadanos y ciudadanas dejen de temer por su vida y por sus bienes.

La idea de las OLP, plan que cuenta con el respaldo mayoritario de la población, es la  evaluación de los contenidos y resultados de los mecanismos de intervención del Estado a través del Derecho penal para garantizar la protección de la seguridad ciudadana, genera valiosa información sobre la organización y funcionamiento de las instancias del sistema justicia penal, y resulta fundamental para desarrollar herramientas que permitan la ejecución de prácticas, orientadas al logro de los objetivos de una política de seguridad ciudadana en el marco del Estado social y democrático de Derecho, evitando el grave riesgo de acudir a políticas que signifiquen retomar la herencia de una larga tradición política arraigada en el orden público, o ser presa de nuevas políticas que emergen de tendencias punitivas globalizadas que suponen la homogeneización de las políticas públicas de seguridad, pudiendo desembocar en modelos y prácticas no solamente ajenos a la realidad social venezolana, sino contrarios a los imperativos éticos configurados en la Constitución.

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), 1999, se consagra por primera vez a nivel constitucional la seguridad ciudadana (artículo 55), entendida en sentido amplio como la protección de los derechos, libertades y garantías constitucionales. Ello implica la superación del tradicional modelo de seguridad basado en el orden público acuñado durante largo tiempo en el país, que garantizaba sobre todo el normal funcionamiento de las instituciones del Estado y bajo el cual se protegía el orden económico y político, tanto en gobiernos dictatoriales como democráticos, incluso por encima de los derechos y garantías civiles.

Mendoza aseguró que la OLP, vinculan al individuo y el Estado, en materia de seguridad, en el seno de un modelo constitucional propio de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que propugna como “…valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (Artículo 2, CRBV). La amplia gama de derechos reconocidos en la CRBV, no solamente tiende a fortalecer la tradicional noción de ciudadanía, sino que también es una franca invitación a la seguridad, suponiendo que ante cualquier amenaza o coerción ilegítima contra la libertad y los derechos, prevalecerá el orden constitucional.

A todas estas, es importante decir que los OLP, tienen un sentido de devolver la seguridad ciudadana en cuanto a la conservación, fomento y protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, dista mucho del tradicional concepto de orden público. Entendiéndola como una garantía más del actual modelo de Estado, a través de la seguridad ciudadana la democracia venezolana intenta consolidarse en función de la garantía de los derechos, y asume tácitamente como compromiso el mantenimiento de la vigencia de los mismos.

Finalmente el líder socialista de la zona alta, concluyó afirmando que gracias a operativos como el OLP, desde este punto de vista político, se abren nuevas puertas para el desarrollo de una democracia de la ciudadanía, entendida como una manera de organizar la sociedad con el objeto de asegurar y expandir los derechos de los cuales son portadores los individuos. Ante una realidad tan evidente como la inseguridad pública y la violencia, se hace necesario que sean valoradas como una seria amenaza para la estabilidad democrática y para la gobernabilidad, no solamente porque ponen en evidencia las limitaciones del Estado para erigirse como garante de los derechos reconocidos como democráticos, sino porque tal situación genera rechazo social hacia el sistema político y hacia las decisiones de los gobernantes y representantes políticos. En tal escenario, el efectivo desarrollo de la noción de ciudadanía basada en el ejercicio de los derechos agoniza, frente a la falta de protección y garantía de esos mismos derechos, por ello las OLP, son un ejemplo de reafirmación de los valores de democracia y a la liberación total del pueblo.