Politica
El Alcalde Bolivariano Alfredo Mendoza señaló, que en Venezuela, desde mediados de 1999, se han venido registrando casos de afluencia masiva 
de refugiados colombianos en el territorio nacional, en su mayoría víctimas civiles del conflicto armado colombiano que involucra al ejército, guerrillas de distintas facciones, paramilitares y narcotraficantes, quienes buscando salvar su vida y su integridad personal, ante la violencia generalizada y las violaciones masivas de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Colombia, se han visto forzados a cruzar la frontera internacional para buscar refugio en Venezuela.
En Latinoamérica se ha padecido de movimientos de refugiados a causa de conflictos armados, violaciones masivas de derechos humanos y graves perturbaciones del orden público como sucedió en Centroamérica en la década de los 80, y como sucede en la actualidad con respecto al conflicto armado en Colombia el cual se ha convertido en una de las peores crisis en los últimos años, forzando los civiles a cruzar la frontera para buscar un lugar en el cual puedan vivir con tranquilidad.
Reseñó Mendoza, que el caso de los refugiados colombianos encuadran en las cláusulas de inclusión de la definición universal de refugiado adoptada por la Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas (LORA), en el sentido de que pueden demostrar los fundados temores de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política. Al respecto conviene recordar que las personas más afectadas por la violencia generalizada, y que han sido el blanco de la mayoría de los asesinatos y toda clase de abusos y torturas por parte de los grupos paramilitares en Colombia, suelen ser: indígenas y afrocolombianos, quienes pueden demostrar la persecución por razones de raza; niños de la calle, mujeres y mujeres, quienes pueden demostrar persecución por pertenencia a un grupo social determinado; antiguas autoridades gubernamentales, líderes sindicales o comunitarios, defensores de derechos humanos, periodistas, quienes están en condiciones de demostrar la persecución por motivos de opiniones políticas.
Los derechos sociales y culturales, han sido garantizados por Venezuela a casi 6 millones de colombianos, desde la educación, la salud y el derecho de acceso a la cultura. El Estado venezolano ha planteado crear una zona de seguridad que resguarde los intereses nacionales y que le permita a los grupos migratorios legalizar su situación en el país. Se le ha asegurado un trato digno y toda la disposición del Estado para darle trámite a las necesidades de legalización de ciudadanía, sirviendo estas acciones para evitar la entrada de individuos con dudosa profesión u oficio, así como individuos para-militares que vengan a poner en zozobra la paz en los estados que limitan con la hermana República de Colombia.
El mandatario municipal agregó, que otra garantía social, es el reconocimiento de ciudadanía a los hijos de colombianos nacidos en Venezuela, así como sus derechos respectivos, manifestando que la educación, la salud y la alimentación, serán las prioridades a satisfacer en esta etapa de sinceración y reclasificación de las relaciones comerciales, turísticas y de interacción, entre los habitantes de Colombia en la frontera con Venezuela, como de los venezolanos en suelo colombiano. Era necesario establecer un criterio serio, legal y legítimo, para normar la frontera con Colombia, ante el ataque desmedida de bandas delincuenciales y para-militares, que han promovido el “bachaqueo” y la especulación, elementos de la Guerra Económica que tienen grupos capitalistas de la ultraderecha contra el Gobierno Constitucional del Presidente Nicolás Maduro.
En fin, pueden estar tranquilos nuestros hermanos colombianos, Venezuela asume su responsabilidad y su compromiso latinoamericano de respetar los derechos humanos y la integración de ambos países, pero dentro del respeto mutuo y la erradicación total de la inseguridad en los límites fronterizos colombo-venezolanos.
